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UNICEF cuestiona proyecto de Código de Responsabilidad Infraccional Juvenil

16.07.2013

MONTEVIDEO (Uypress) — UNICEF, organización internacional que defiende los derechos de la infancia, cuestionó este lunes 15 algunos de los puntos del proyecto para el Código de Responsabilidad Infraccional Juvenil, presentado al Poder Ejecutivo el 28 de junio.

El secretario de la Presidencia, Homero Guerrero, recibió el proyecto de una comisión especial designada por el Poder Ejecutivo para crear este Código en el que, desde ese Poder del Estado se había destacado que "la iniciativa otorga un rol preponderante a las fiscalías y establece un canal de comunicación con las víctimas y la sociedad en su conjunto".

UNICEF emitió este lunes un comunicado en el que critica el aumento de las penas máximas para los menores de edad -uno de los puntos del proyecto-, señalando que "extender de 5 a 10 años la pena máxima para los adolescentes transgrede los principios de excepcionalidad, mínima duración de la privación de libertad y no regresividad" incluidos en la Convención sobre los Derechos del Niño, informó Montevideo Portal.

En este sentido, la organización remarca que "la excesiva dureza de las penas" contradice los objetivos se reinserción social de los adolescentes y que, en todo caso, se debe "restringir la privación de libertad a los delitos más graves: aquellos que afectan la vida, la integridad física o la libertad de las personas".

En lugar de aumentar las penas máximas, reforzando el sistema punitivo estatal uruguayo, UNICEF subraya que la prioridad "debería ser la mejora en las condiciones en que los adolescentes transcurren la privación de libertad".

Cuando se presentó el proyecto al Poder Ejecutivo, que "en breve" ingresará al Parlamento para su discusión, según informó la Secretaría de Comunicación, el representante del Poder Judicial y presidente de la comisión especial, Eduardo Cavalli, destacó que "este proyecto contempla tanto los aspectos sustanciales, es decir, la aplicación del derecho penal a los adolescentes, como los aspectos procesales".

La comisión que redactó el proyecto estuvo integrada por representantes del Poder Judicial, el Ministerio Público y Fiscal, los ministerios del Interior y Desarrollo Social y el Instituto del Niño y el Adolescente.

Entre los puntos señalados por Cavalli, se resaltaron cambios en el sistema procesal, como el lugar de las fiscalías, "con un rol preponderante en lo que respecta al trabajo en torno a la responsabilidad de los adolescentes", en consonancia con una mayor "participación de la víctima en el proceso": "El fiscal deberá informar a la víctima sobre el desarrollo del proceso, quien podrá tener acceso a las actuaciones".

También establece la posibilidad de que "la víctima del delito o sus familiares puedan ayudar en la reunión de prueba a efectos de determinar si el adolescente que está siendo imputado de delito es responsable o no".